Carta abierta

La 4T blinda a Rocha Moya

El simbolismo enviado desde la cúpula del poder es uno: la llamada Cuarta Transformación ha decidido cerrar filas en torno a Rubén Rocha Moya.

A pesar de las acusaciones de Estados Unidos que vinculan al hoy gobernador con licencia de Sinaloa con el narcotráfico y grupos criminales, el gobierno federal ha desplegado una estrategia de defensa, convirtiéndose en un blindaje político absoluto.

La señal más clara de este respaldo la dio la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que Rocha cuenta con protección de seguridad federal.

A este escudo se sumó Omar García Harfuch, quien fue tajante al descartar que el gobierno federal tuviera indicios o sospechas previas que lo vincularan con el crimen organizado.

Según Harfuch, la coordinación en materia de seguridad con el estado siempre fue fluida y sin obstrucciones por parte de funcionarios locales, lo que en los hechos invalida cualquier narrativa de complicidad que pretenda construir la justicia estadounidense.

Al asegurar que no existen datos de amenazas específicas, pero aún así mantiene su custodia, el gobierno manda una nueva señal en favor de Rocha.

Al mismo tiempo, la intervención de Luisa María Alcalde, en su nuevo papel como consejera jurídica de la Presidencia, aportó otra dimensión legal del blindaje.

La funcionaria criticó duramente la forma en que se manejó la solicitud de detención provisional con fines de extradición, señalando que se violentó la confidencialidad del proceso y se provocó un linchamiento mediático que vulnera la presunción de inocencia.

Su postura destaca que la Fiscalía General de la República determinó que Estados Unidos no aportó elementos que acreditaran la urgencia de la detención, frenando así cualquier intento de captura inmediata.

Esta postura unánime, incluida la de la fiscal Ernestina Godoy, revela que el exgobernador es considerado una pieza fundamental dentro del engranaje morenista.

La 4T ha optado por invertir todo su capital político en su defensa. Sin embargo, este apoyo total implica el riesgo de un nuevo conflicto con el gobierno de Estados Unidos, ya que este podría interpretar la protección como una falta de voluntad para colaborar en temas de seguridad transnacional.

La decisión de la 4T es clara: lealtad interna por encima de las presiones externas.