Carta abierta

Tabasco, otro foco de conflicto por las pensiones doradas

La Cámara de Diputados de Tabasco ha sido el centro de protesta contra la reforma al artículo 127 constitucional. Bajo el argumento de erradicar las pensiones doradas, las fracciones de Morena, PT, PVEM y el PRI en el Congreso federal aprobaron el 25 de marzo modificaciones retroactivas a jubilaciones vigentes. El problema ahora es que los jubilados de Pemex y de la CFE exigen el respeto a sus percepciones, ya que hay reducciones de hasta un 60 por ciento a ingresos que están muy lejos de los excesos que la reforma busca eliminar.

Empleados de Pemex, CFE, Monte de Piedad y Teléfonos de México demandan una auditoría exhaustiva para identificar los casos reales de irregularidad. Por eso dirigieron críticas a los diputados locales de Morena, por la velocidad con la que avalaron la minuta enviada por el Poder Legislativo federal. 

La inconformidad motivó el anuncio de nuevas movilizaciones (las cuales incluyen traslados a la Ciudad de México para buscar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum). Las reducciones afectan la economía de las familias en las ciudades petroleras (donde el ingreso pensionario sostiene también las necesidades de viudas y estudiantes).

Pablo López Figueroa (integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros) calificó la situación como grave para los jubilados del país. El representante explicó que el despojo abarca más de la mitad de los ingresos de personas con más de 30 años de servicio laboral, y esto impide cumplir compromisos financieros adquiridos durante su vida laboral activa, generando incertidumbre.

Pablo López hizo un llamado al gobernador Javier May a intervenir ante la federación con el objeto de dar marcha atrás a estas reducciones. De acuerdo a lo dicho por los afectados, la aplicación retroactiva de la ley vulnera a los ciudadanos que cumplieron los requisitos legales vigentes al momento de su retiro. La medida establece que ningún jubilado puede percibir percepciones superiores al 50 por ciento de los ingresos de la presidenta de la República. 

El oficialismo enfrenta ahora la necesidad de revisar los efectos de la reforma para evitar una escalada de protestas en la entidad y otras partes del país, ya que miles de pensionados que sí trabajaron se jubilaron con la certeza jurídica de que sus derechos serían respetados.

Aunque todos están a favor de eliminar las jubilaciones de hasta un millón de pesos obtenidas por acuerdos, compadrazgos o favores políticos (sin cumplir los procedimientos, abusando el poder y sin cumplir al menos treinta años de trabajo), parece que algunas lagunas de la reforma están afectando al universo completo de pensionados.

El centro del debate es que la reforma viola el principio de irretroactividad de la ley, atenta contra la seguridad jurídica y está abriendo la puerta a litigios masivos, generando incertidumbre al sistema de pensiones. Otro punto del conflicto radica en que la reforma al artículo 127 deja expresamente exentos a otros servidores públicos, como el ministro en retiro Arturo Zaldívar.