Cayuco

Octavio Romero en la cima de la corrupción

La peor enfermedad del
mundo hoy en día es la
corrupción. Y existe una
cura: la transparencia.

Bono

Los señalamientos de corrupción del agrónomo Octavio Romero Oropeza, comenzaron desde que fue oficial mayor de la CDMX. Siguió el mismo libreto cuando fue nombrado como director de Pemex.

Por cierto, se ganó a pulso ser el peor director de la paraestatal de toda la historia. Siempre prepotente y corrupto. Eso sí, con el manto protector del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados, la cuenta Tendencias Tabasco denunció lo que ya se esperaba: señalamientos de corrupción en el Infonavit en Tabasco. Seguramente a estas alturas el gobernador Javier May Rodríguez ya está enterado de las corruptelas de su mejor amigo.

Vamos a la denuncia de Tendencias Tabasco:

Convierten vivienda social en negocio familiar: hermanas de funcionarios de Pemex recibirían más de 227 millones.

La promesa de construir vivienda social para miles de familias tabasqueñas terminó envuelta en un nuevo tufo de conflicto de interés y privilegios políticos.

Una publicación en X del usuario @BetoRiveraGil exhibió documentos que apuntan a que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habría comprado los terrenos donde se construirán 4 mil 544 viviendas en Río Viejo, Centro, presuntamente a las hermanas de César Raúl Ojeda Zubieta, actual gerente de Responsabilidad Social de Pemex.

El caso no sólo revive aquella frase de Andrés Manuel López Obrador de que “puede ser legal, pero es inmoral”; también coloca nuevamente a Morena frente al espejo de las prácticas que prometió erradicar.

Porque mientras millones de mexicanos esperan acceso real a una vivienda digna, los contratos multimillonarios parecen seguir cayendo en manos del círculo cercano del poder.

El contrato CO-PVB-145-2025, firmado el 25 de octubre de 2025, establece que el Infonavit y su filial constructora adjudicaron a la empresa Construcciones Ricbor SA de CV, ligada a empresarios de Culiacán, Sinaloa, la construcción de las viviendas por un monto total de 2 mil 492 millones de pesos. Sin embargo, el verdadero escándalo aparece en las letras pequeñas del documento.

Aunque los nombres de las vendedoras fueron parcialmente ocultados bajo el argumento de la protección de datos personales, el contrato dejó visibles los RFC de quienes vendieron las 27 hectáreas del predio. La coincidencia de las siglas con el RFC de César Raúl Ojeda Zubieta apunta directamente a Ana Graciela y Gema Lety Ojeda Zubieta, presuntas hermanas del funcionario federal.

De acuerdo con el propio contrato, las vendedoras recibirían hasta 49 mil 983 pesos por cada vivienda comercializada. Traducido al tamaño del proyecto, eso representaría una ganancia superior a los 227 millones de pesos para la familia ligada al alto funcionario de Pemex.

El problema no es únicamente jurídico. El problema es político y moral. Porque cuando instituciones creadas para atender necesidades sociales terminan generando beneficios millonarios para familiares de funcionarios, la línea entre servicio público y negocio privado prácticamente desaparece.

La indignación crece en un estado donde miles de familias sobreviven entre rezago urbano, pobreza y falta de acceso a vivienda. Mientras el discurso oficial presume combatir la corrupción y los privilegios, los contratos públicos siguen beneficiando a los apellidos de familias políticas.

En Tabasco, la vivienda popular amenaza con convertirse en otro capítulo donde el poder político termina edificando fortunas privadas con dinero público.

Hasta aquí la denuncia. Ya se sabrá si callan y otorgan las hermanas de César Raúl Ojeda. Lo que es cierto, una hectárea en esa zona no pasa de los 2 millones 500 mil pesos y estoy exagerando.

Octavio Romero Oropeza ha estado involucrado en varias polémicas y señalamientos públicos relacionados con corrupción, opacidad y manejo de recursos tanto en Petróleos Mexicanos como ahora en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En Pemex, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo críticas por:

-Sobrecostos y retrasos en la refinería de Dos Bocas.
-Deuda creciente con proveedores.
-Contratos cuestionados y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
-Acusaciones de opacidad administrativa y presuntos pagos irregulares.

También se volvió mediático el caso de la pensión de María Amparo Casar, donde Pemex —bajo la dirección de Romero— acusó presunto tráfico de influencias relacionado con un seguro y pensión otorgados desde 2004.

Ahora, como director del Infonavit en la Ciudad de México, Romero ha denunciado públicamente redes de corrupción dentro del instituto, especialmente de administraciones anteriores.

Sin embargo, la oposición y diversos analistas cuestionan que alguien señalado por opacidad en Pemex ahora administre los recursos del Infonavit. Legisladores y comentaristas han advertido sobre posibles riesgos en el manejo del ahorro de los trabajadores.

Hasta ahora, no existe una sentencia judicial firme contra Romero Oropeza por corrupción. La mayoría de los casos están en fase de denuncias, investigaciones periodísticas, auditorías o debate político.
Pero queda claro la protección que tiene para delinquir.

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