Cayuco

Se caen las casas del Infonavit

“Los servidores públicos no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación.”

Benito Juárez

Hay funcionarios públicos que dejan huella por sus resultados y otros por los escándalos que arrastran. En mi opinión, Octavio Romero Oropeza pertenece al segundo grupo. Donde ha ocupado un cargo público, surgen señalamientos de opacidad, decisiones cuestionables y presuntas irregularidades. Para muchos críticos de la llamada Cuarta Transformación, se ha convertido en uno de sus personajes más controvertidos.

Para desgracia y maldición de los tabasqueños , mantiene una estrecha relación política con el gobernador Javier May y fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa cercanía política explica, para muchos, el silencio que ha guardado la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las múltiples denuncias e investigaciones periodísticas que pesan sobre su administración.

Las lluvias recientes dejaron al descubierto otro problema.

En un predio donde una empresa contratada por el Infonavit construye viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, en el municipio de Veracruz, parte del terreno presentó hundimientos y daños que despertaron dudas sobre la calidad del suelo, la planeación de la obra y la supervisión técnica.

No fue el único caso.

En otra unidad habitacional del mismo programa, inaugurada apenas en enero de 2026, las precipitaciones ocasionaron afectaciones visibles: calles dañadas, hundimientos y fallas en la infraestructura. Los vecinos exigieron reparaciones inmediatas y cuestionaron cómo un desarrollo prácticamente nuevo podía presentar ese nivel de deterioro.

Cuando una obra pública comienza a fallar antes de ser utilizada plenamente, la explicación de que “fue por las lluvias” deja de convencer. La verdadera pregunta es si se construyó correctamente.

Pero los cuestionamientos hacia Octavio Romero no se limitan a la calidad de las viviendas.

Diversas investigaciones periodísticas sostienen que, al asumir la Dirección General del Infonavit en octubre de 2024, incorporó a numerosos colaboradores que ya habían trabajado con él en Pemex.

Una investigación publicada por EL CEO señala que, durante la primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar, una parte importante de los contratos de construcción fue adjudicada de manera directa y que varias de las empresas beneficiadas ya habían recibido contratos relevantes durante la gestión de Romero en Pemex.

El reportaje sostiene que 13 grupos empresariales concentraron alrededor de 14 mil millones de pesos en contratos y que varios de esos contratistas mantenían vínculos previos con funcionarios cercanos a Octavio Romero o con actores políticos de Morena.

Todo ello ha alimentado sospechas sobre posibles conflictos de interés y la concentración de contratos en un reducido grupo de empresas. Corresponde a las autoridades determinar si existieron o no responsabilidades administrativas o penales; mientras tanto, las investigaciones periodísticas siguen acumulando elementos que ameritan una explicación pública.

Otros medios también han documentado presuntos beneficios a personas relacionadas familiarmente con el entorno de Octavio Romero en operaciones vinculadas con desarrollos habitacionales del Infonavit, describiendo posibles redes de influencia y presuntos actos de corrupción. Uno de ellos el de su consuegra.

Asimismo, existen reportes sobre la incorporación al Infonavit de varios funcionarios de confianza provenientes de Pemex, lo que ha sido criticado por reproducir el mismo equipo que operó durante la administración de Romero en la empresa petrolera, cuya gestión continúa bajo revisión de diversas auditorías, guardadas celosamente.

Entre los principales exfuncionarios de Pemex que llegaron al Infonavit destacan:

Marcos Manuel Herrería Alamina, secretario general del Infonavit; anteriormente fue director de Administración de Pemex Exploración y Producción. Su esposa es la titular de Sepomex, Violeta Abreu González, prima de la delegada regional de Infonavit en Tabasco, Ana Luisa Abreu Calderón, ex esposa del aspirante a la alcaldía de Centro, Daniel Casasús Ruz.

Jorge Luis Basaldúa Sánchez, subdirector general de Crédito; ocupó cargos de alto nivel en Pemex.

Javier Núñez López, director general de Planeación y Finanzas; fue subdirector corporativo de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex. Un familiar directo trabaja en el gobierno de Javier May.

Carlos Cortez González, director de Finanzas; anteriormente estuvo al frente del presupuesto de Pemex Fertilizantes.

Frida Palacios García, subdirectora general de Recursos Humanos; desempeñó funciones similares en Pemex.

Gabriela Susanaga, quien ocupó la Contraloría General del Infonavit durante algunos meses antes de ser reasignada a otra área en la construcción de vivienda, previamente colaboró en áreas administrativas de Pemex. La Contraloría de Infonavit se quedó acéfala.

Gustavo Álvarez Velázquez, responsable de Gestión de Cartera; fue director de Gas Bienestar.

También han sido mencionados en investigaciones periodísticas José Alfonso Iracheta Carroll, identificado como exasesor de Octavio Romero en Pemex y posteriormente relacionado con proyectos de vivienda, así como Rodrigo Rodolfo García Rendón Von Bertrab, igualmente exasesor de la Dirección General de Pemex y posteriormente vinculado en reportajes sobre contratos de vivienda.

Diversos reportajes sostienen que más de un centenar de mandos de confianza provenientes de Pemex fueron incorporados al Infonavit durante la gestión de Octavio Romero, conocido en Tabasco con el apodo de El Jodi. Esa concentración de colaboradores cercanos en posiciones estratégicas ha generado un intenso debate público sobre transparencia, profesionalización del servicio público y posibles conflictos de interés.

Las viviendas que se hunden son visibles. Lo verdaderamente preocupante es que también puede estarse hundiendo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el derecho a una vivienda digna. Y cuando eso ocurre, ya no basta con reparar calles o rellenar grietas: lo que debe reconstruirse es la credibilidad del gobierno.

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