Cayuco

¿Andrés Manuel ordenó el asesinato de Melesio Cuén?

“Si quieres decirle la verdad a la gente, hazla reír; de lo contrario, te matarán.”

George Bernard

Hay momentos en la historia en que un solo testimonio puede derrumbar una narrativa construida durante años. Si ese testimonio viene de un general que dirigió la Seguridad Pública de Sinaloa y ahora busca convertirse en testigo protegido en Estados Unidos, el asunto deja de ser un simple escándalo político para convertirse en una amenaza de proporciones mayúsculas.

El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, decidió entregarse a las autoridades estadounidenses. Según la información difundida, el próximo 20 de julio rendirá una declaración en la que señalará a personajes del más alto nivel del poder político mexicano.

En el documento previo a esa comparecencia aparecen acusaciones explosivas. Mérida sostiene que el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no habría sido un crimen aislado, sino una decisión tomada desde las más altas esferas del poder.

De acuerdo con ese testimonio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador habría tenido conocimiento de los hechos y la autorización habría sido transmitida por conducto del general Audomaro Martínez Zapata, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia.

No se trata de rumores de café ni de publicaciones en redes sociales. Se trata de un testimonio presentado ante autoridades judiciales de Estados Unidos, donde, según la propia versión de Mérida, existen documentos y elementos de prueba que respaldan sus afirmaciones. Será la justicia la que determine si esos señalamientos pueden acreditarse.

Pero eso no es todo.

El exfuncionario también describe una presunta red de protección política al Cártel de Sinaloa, en la que menciona al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y al empresario Jesús Vizcarra Calderón, entre otros nombres que ya forman parte de un expediente judicial.

Si esos señalamientos se sostienen con pruebas, el problema dejará de ser exclusivamente de Sinaloa. Se convertirá en una crisis política nacional.

Y mientras eso ocurre, en Nueva York avanza otro expediente que mantiene en vilo a buena parte de la clase política mexicana.

La carta enviada por la Fiscalía de Estados Unidos al juez Brian Cogan, con motivo de la audiencia de sentencia de Ismael El Mayo Zambada, no deja espacio para las medias tintas.

Los fiscales describen a Zambada como uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia y sostienen que dirigió durante décadas una organización responsable del tráfico masivo de cocaína, fentanilo y metanfetaminas. También afirman que el Cártel de Sinaloa repartió millones de dólares en sobornos entre policías, militares y políticos mexicanos para garantizar la impunidad de sus operaciones.

La Fiscalía concluye que la magnitud de sus crímenes justifica una sentencia de cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares.

La pregunta ya no es si habrá revelaciones.

La verdadera pregunta es quiénes aparecerán en ellas.

Porque cuando un testigo protegido comienza a hablar y un capo decide colaborar con la justicia estadounidense, los expedientes dejan de escribirse en los periódicos y empiezan a escribirse en los tribunales.

Y ahí ya no sirven las conferencias mañaneras, las campañas de propaganda ni los discursos de victimización.

Ahí hablan los documentos.
Hablan los testigos.

Y, cuando existen, hablan las pruebas que tanto ha solicitado la presidente Claudia Sheinbaum.

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