Columna Descomplicado/Jorge Robledo
El sol caía a plomo sobre la carretera, y el asfalto parecía hervir bajo las llantas de los tráileres que avanzaban sin pausa. Los choferes, muchos de paso, confiaban en que las señales los guiarían hacia rutas seguras. Pero al llegar a la entrada de Villahermosa, la sorpresa era brutal: ningún aviso, ningún letrero que advirtiera la prohibición de atravesar con vehículo pesado la ciudad.
La trampa estaba tendida. Los agentes de tránsito, apostados como buitres en las esquinas, aguardaban al incauto.
Bastaba que el tráiler cruzara la avenida principal para que la persecución comenzara y sonara la sirena. Y de inmediato la libreta de multas se abriera.
El chofer, confundido, intentaba explicar que no había señalamiento alguno. La respuesta era siempre la misma: “Ignorancia no exime la falta”.
En realidad, no era desconocimiento, era un vacío deliberado. La ausencia de señalamientos no era casualidad, sino estrategia. Un mecanismo perverso que convertía la movilidad en un gran negocio y la autoridad era su verdugo.
El chofer ante esta situación sabía perfectamente que su tiempo no era su mejor aliado y buscaba cómo arreglar la situación. Es muy sencillo entender que era lo que sucediera después.
Fue entonces cuando la Canacar, la asociación de transportistas, levantó la voz. Harta de ver a sus afiliados caer en la emboscada, ofreció a la autoridad donar las señaléticas necesarias para evitar esas trampas.
No pedían privilegios, solo claridad en el camino. Querían que la ciudad dejara de ser un terreno de caza y se convirtiera en un espacio de tránsito seguro.
La propuesta evidenció lo absurdo: que fueran los propios ciudadanos quienes tuvieran que suplir la omisión de la autoridad. Pero también mostró la fuerza de la organización colectiva frente a la corrupción cotidiana.
Así, cada señal colocada no solo orientará a un chofer: será un recordatorio de que la sociedad puede y debe exigir transparencia, incluso en lo más básico, como un simple letrero en la carretera.