Gobierno debe garantizar derechos de las audiencias: Federico Berrueto

MÉRIDA, Yuc., 20 de agosto de 2026.- La libertad de expresión atraviesa una etapa de mayor hostilidad y uno de los principales problemas es la ausencia de medidas y criterios claros para identificar y sancionar falsedades, afirmó Federico Berrueto Pruneda, conductor y analista político internacional.
 
Durante su participación en la mesa Derechos de las audiencias y libertad de expresión: equilibrio entre protección, pluralismo y responsabilidad, que fue organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., también sostuvo que es el gobierno quien debe establecer reglas para garantizar los derechos de las audiencias.
 
Abundó que la libertad de expresión se ve amenazada tanto por el crimen convencional como por lo que denominó “el crimen con investidura de autoridad” y, en ese contexto, señaló a las conferencias matutinas del gobierno federal como una de las principales evidencias de lo que consideró un despliegue informativo irregular.
 
Las ‘Mañaneras representan la mejor evidencia, no solo de la ilegalidad en el despliegue informativo de la autoridad. También es de agresión recurrente al periodismo y también a la libertad de expresión. Esto no es una opinión, es una descripción de lo que sucede cotidianamente en las mañaneras”, expresó.
 
Dijo que las Mañaneras no debe entenderse únicamente como una opinión o una valoración política, sino como un espacio de agresión recurrente contra periodistas y medios de comunicación, además de que cuestionó la construcción de narrativas oficiales en las que se señala o descalifica a la prensa.
 
“En días pasados, el país conoció la lista de los ‘indeseables’ de los medios desde el punto de vista del gobierno nacional y una narrativa en que el régimen político se victimiza y hace responsables a los aludidos en la lista. Lo hace la consejera jurídica de la presidenta y esto es un precedente ominoso con tufos totalitarios”, indicó.
 
De acuerdo con el también maestro en derecho, el país ha entrado en una etapa caracterizada por una mayor confrontación entre el poder público y el periodismo, en la que incluso  figuras jurídicas como la violencia política de género pueden utilizarse para ejercer presión contra particulares, periodistas y prensa.
 
Uno de los principales riesgos para los derechos de las audiencias, afirmó, es que no existan criterios ni procedimientos suficientemente claros para determinar qué constituye una falsedad y qué consecuencias debe tener su difusión, pero advirtió que establecer controles sobre la información no debe traducirse en censura.
 
Enfatizó que corresponde a las autoridades que los medios de comunicación cuenten con códigos de ética que contemplen los derechos de las audiencias establecidos por la ley, así como verificar que los defensores de las audiencias cumplan con los requisitos correspondientes.
 
Por lo anterior, consideró que el derecho de réplica constituye una herramienta clave para equilibrar la relación entre medios, autoridades y ciudadanos, aunque la responsabilidad informativa no puede limitarse a los medios de comunicación, particularmente cuando la autoridad difunde información a millones de personas.
 
“Quien niega el derecho de réplica, quien confunde opinión con información, quien afirma sin contexto, quien agrede, manipula y miente, es la autoridad. El gobierno debe ser el primero en poner el ejemplo; definir el procedimiento y el responsable para la protección de los derechos de audiencia en las mañaneras”, acotó.