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La teoría de la víctima: el agravio como estrategia para preservar el poder

La política contemporánea ha encontrado en la construcción de la víctima uno de sus instrumentos más eficaces de legitimación. Lo que en principio surgió como un mecanismo para visibilizar injusticias y proteger a los sectores vulnerables puede transformarse, en determinados contextos, en una estrategia política orientada a fortalecer proyectos de poder, neutralizar la crítica y conservar posiciones de privilegio.

La teoría de la víctima, entendida como la utilización sistemática del agravio para construir una narrativa política, parte de una operación aparentemente sencilla: presentar a un actor, un partido o un gobierno como objeto permanente de ataques provenientes de fuerzas externas o internas. El propósito no es únicamente despertar empatía, sino generar una identidad política basada en la confrontación y establecer una frontera entre quienes están “con” el proyecto y quienes son presentados como una amenaza para él.

La lógica es conocida. Cuando una administración enfrenta problemas económicos, inseguridad, cuestionamientos por corrupción, desgaste político o pérdida de legitimidad, el discurso del agravio puede convertirse en un mecanismo de distracción. La conversación pública deja de concentrarse en los problemas locales, estatales o nacionales y comienza a girar alrededor de un supuesto enemigo responsable de las dificultades.

La construcción de la víctima requiere, necesariamente, la construcción de un adversario. La narrativa necesita identificar a un responsable capaz de explicar las deficiencias del poder. Pueden ser los partidos opositores, medios de comunicación, empresarios, organizaciones civiles, organismos autónomos, actores sociales o incluso gobiernos extranjeros. El enemigo cambia, pero la función permanece: desplazar el debate sobre los resultados y sustituirlo por un conflicto político permanente.

En el ámbito electoral, esta estrategia adquiere una dimensión todavía más delicada. La narrativa del agravio puede comenzar mucho antes de una elección y convertirse en una herramienta para preparar emocionalmente al electorado frente a distintos escenarios. Si existe una amenaza externa, una supuesta conspiración, una campaña de desestabilización o una intervención extranjera, el proyecto político puede presentarse como víctima y, simultáneamente, como defensor de la soberanía y de la voluntad popular.

Aquí aparece uno de los mayores riesgos: la construcción anticipada de una explicación para un resultado electoral adverso. Si una elección no produce el resultado esperado, la narrativa previamente instalada puede utilizarse para atribuir la derrota a fraude, intervención extranjera, persecución política, manipulación mediática o conspiraciones internas. De esta manera, el resultado deja de ser evaluado a partir de los votos y comienza a ser interpretado desde el agravio.

El problema no consiste en denunciar una amenaza real cuando ésta existe. Toda democracia tiene derecho a defender su soberanía y sus instituciones. El peligro aparece cuando la amenaza se convierte en una herramienta discursiva sin pruebas suficientes, utilizada para deslegitimar anticipadamente a los adversarios, posicionar a un candidato o actor político, construir una percepción favorable en torno a determinados intereses o generar condiciones que permitan cuestionar el resultado de una elección antes de conocerlo. En ese escenario, la defensa de la soberanía deja de ser exclusivamente un principio democrático y puede convertirse en un recurso de posicionamiento político y electoral.

El falso nacionalismo puede desempeñar entonces una función particularmente eficaz. Bajo la bandera de la defensa de la soberanía, una crítica legítima puede ser presentada como traición; una discrepancia política, como deslealtad, y una postura opositora, como colaboración con intereses extranjeros. Así, la defensa de la nación deja de ser un principio común y se transforma en una frontera política que divide a los ciudadanos entre supuestos patriotas y presuntos enemigos.

Pero el riesgo democrático no proviene únicamente del discurso de quienes buscan conservar el poder. También surge cuando el aparato gubernamental participa, directa o indirectamente, en la construcción de esa narrativa.

Cuando gobiernos, legisladores, representantes populares, servidores públicos e incluso autoridades electorales guardan silencio frente a campañas anticipadas, propaganda permanente, utilización de recursos públicos con fines político-electorales o participan mediante declaraciones y actos públicos de respaldo a determinadas aspiraciones, la confianza ciudadana comienza a deteriorarse. En ese momento, la percepción de imparcialidad desaparece, la competencia electoral se distorsiona y las instituciones dejan de ser garantes de la democracia para convertirse en instrumentos al servicio del poder.

La democracia exige una separación clara entre gobierno y competencia electoral. Un servidor público puede tener preferencias políticas, pero el ejercicio de una función pública impone responsabilidades adicionales. El poder institucional no puede convertirse en una plataforma para favorecer anticipadamente a un proyecto político ni utilizarse para construir una ventaja que otros competidores no poseen.

La complacencia institucional puede ser tan peligrosa como la intervención directa. Una autoridad que observa una irregularidad y decide no actuar también contribuye, aunque sea por omisión, a modificar las condiciones de la competencia. Cuando el árbitro permite que algunos jugadores comiencen el partido antes que los demás, la desigualdad deja de ser una percepción y comienza a convertirse en una condición estructural.

La polarización cumple entonces una función adicional: mantener movilizada a la base política. Mientras exista un enemigo, el proyecto puede explicar sus errores, justificar sus decisiones y mantener cohesionados a sus seguidores. La discusión sobre resultados puede ser sustituida por una discusión sobre lealtades.

La teoría de la víctima también funciona como distractor. Mientras la sociedad discute quién atacó al gobierno, quién pretende desestabilizarlo o quién supuestamente conspira contra el proyecto político, los problemas concretos pueden quedar relegados: seguridad, empleo, servicios públicos, infraestructura, pobreza, educación, salud o corrupción.

La pregunta deja de ser “¿qué está haciendo el gobierno?” y pasa a ser “¿quién está atacando al gobierno, al país?”. Esa modificación aparentemente sencilla cambia por completo la agenda pública.

Por eso, el verdadero poder de la victimización política no está únicamente en convencer a la ciudadanía de que existe una injusticia. Está en conseguir que la sociedad deje de evaluar al poder por sus resultados y comience a defenderlo por las amenazas que supuestamente enfrenta.

La historia demuestra que el deterioro democrático suele ser gradual. Comienza con la descalificación del disenso, continúa con la construcción de enemigos, normaliza la intervención del poder en la competencia electoral, debilita a los árbitros institucionales y termina convirtiendo la concentración del poder en algo aparentemente justificable.

Por eso, la pregunta fundamental no debería ser quién se presenta como víctima, sino quién obtiene beneficios políticos de esa condición.

Porque en política la victimización no siempre es consecuencia del poder perdido. En ocasiones puede ser precisamente una estrategia para conservarlo.

Y cuando un proyecto político necesita construir permanentemente enemigos para justificar su permanencia, cuando anticipa amenazas para explicar una eventual derrota y cuando las instituciones encargadas de garantizar la equidad electoral guardan silencio o participan en la construcción de esa narrativa, el problema deja de ser solamente una estrategia de comunicación política.

Se convierte en un riesgo democrático.

La democracia no se debilita únicamente cuando se alteran los votos. También comienza a debilitarse cuando se condiciona, desde antes, la manera en que la sociedad deberá interpretar esos votos.

Y entonces ocurre lo más delicado: la víctima deja de ser un actor político.

La verdadera víctima es la democracia.