A Tabasco

La tormenta que se avecina: el uso de las instituciones para conservar el poder

El proceso electoral de 2027 en Tabasco no será únicamente una competencia entre partidos, candidatos y proyectos políticos. Será también una disputa por el territorio, las narrativas, la organización ciudadana y, especialmente, por la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones de equidad.

Hablar del uso de las instituciones para conservar el poder no significa afirmar que toda acción gubernamental tenga una finalidad electoral. Significa observar cuándo una institución pública comienza a ser percibida como instrumento de intereses políticos y se aleja de los principios de autonomía, imparcialidad y legalidad que deben regirla.

Ese límite es fundamental.

En una democracia, las instituciones no pertenecen al gobierno en turno ni al partido que temporalmente ocupa el poder. Pertenecen a la sociedad. Su legitimidad depende de que sus decisiones puedan ser defendidas por sus fundamentos jurídicos y no por su conveniencia política.

La disputa rumbo a 2027 podría no desarrollarse mediante confrontaciones abiertas. Puede aparecer de formas más discretas: decisiones administrativas, interpretaciones jurídicas, aplicación diferenciada de normas, control de narrativas, estructuras territoriales o utilización política de programas sociales.

Por eso, la pregunta no será solamente quiénes competirán, sino bajo qué condiciones competirá cada quien.

El árbitro electoral no puede jugar

Las instituciones electorales tienen una responsabilidad que trasciende a los partidos: garantizar que la voluntad ciudadana pueda expresarse libremente y que las reglas sean iguales para todos.

Los reglamentos son necesarios para ordenar la actividad institucional. El problema aparece cuando una norma destinada a garantizar el orden termina utilizándose para restringir la deliberación, impedir el cuestionamiento o silenciar determinadas voces.

No es lo mismo regular una sesión que utilizar selectivamente las reglas para limitar la expresión política.

Cuando el cumplimiento de una disposición se convierte en una barrera para el debate y el disenso, el problema deja de ser administrativo y adquiere una dimensión democrática.

Su función no es garantizar la continuidad de quien gobierna ni favorecer a quien pretende sustituirlo. Su obligación es garantizar que la ciudadanía decida mediante un voto libre, informado y plural.

La justicia tampoco puede ser selectiva

La independencia de las instituciones de justicia constituye otro de los pilares de la democracia.

La ley debe aplicarse con los mismos criterios, independientemente de la posición política de quien se encuentre frente a ella. El riesgo surge cuando una investigación procede y avanza con rapidez contra determinados actores mientras otras se desechan, permanecen inmóviles, o cuando un procedimiento jurídico termina convirtiéndose en una herramienta de presión.

La justicia no puede utilizarse para perseguir adversarios, pero tampoco para proteger aliados.

Cuando la ciudadanía comienza a percibir que la ley tiene diferentes pesos dependiendo de quién la enfrenta, la consecuencia no es solamente política. Se deteriora la confianza en las instituciones y, con ella, la legitimidad del Estado.

Los programas sociales no son moneda electoral

Los programas de apoyo social cumplen una función indispensable cuando se aplican conforme a criterios legales y atienden necesidades reales de la población.

El problema surge cuando el ciudadano percibe que un beneficio público depende de su comportamiento político.

Los apoyos sociales no deben convertirse en favores del gobierno ni en mecanismos de movilización electoral. Un derecho social pierde su naturaleza cuando el beneficiario siente que debe corresponder políticamente por haberlo recibido.

La pobreza y la necesidad económica no pueden convertirse en instrumentos de subordinación política.

La oposición no puede llegar tarde

Ante este escenario, la oposición tiene una responsabilidad que comienza mucho antes de las campañas.

Debe vigilar, documentar, denunciar, conocer los procedimientos legales, capacitar representantes y construir estructuras ciudadanas capaces de defender el voto.

Pero también debe actuar con responsabilidad. No toda decisión desfavorable constituye una conspiración. Una oposición democrática debe distinguir entre una resolución legítima que no comparte y una actuación institucional que realmente vulnera la equidad.

La crítica sin pruebas pierde credibilidad. La defensa de la democracia necesita argumentos, evidencia y consistencia.

La ciudadanía es el último contrapeso

Ninguna institución puede sustituir a una sociedad vigilante y participativa.

La ciudadanía debe observar, preguntar, comparar, documentar, exigir explicaciones y transparencia. El deterioro institucional no comienza necesariamente cuando una autoridad comete un exceso; comienza cuando esos excesos dejan de generar una reacción social.

Tabasco llegará a 2027 ante una elección que pondrá a prueba a los partidos, a los candidatos, a las instituciones y a la propia ciudadanía.

La pregunta fundamental no será únicamente quién ganará, sino bajo qué condiciones se habrá competido.

El poder tiene derecho a intentar conservarse mediante el respaldo ciudadano. Lo que no tiene es el derecho de utilizar instituciones que pertenecen a todos para impedir que la sociedad decida libremente entre continuidad y cambio. No debe olvidar que gobierna para todos.

La democracia no consiste solamente en abrir las urnas. Consiste en garantizar que nadie pueda inclinar la balanza antes de que los ciudadanos tengan la oportunidad de votar.

Por eso, la tormenta que se avecina no será solamente electoral.

Será institucional.

Y la verdadera prueba de 2027 será determinar si las instituciones permanecen al servicio de la sociedad o terminan subordinadas a quienes temporalmente ejercen el poder.

¿Y usted, qué hará?