Carta abierta

Captura de agente antidrogas enciende focos rojos’ en estrategia local de seguridad

La captura de Luis Daniel N., coordinador de la Policía de Investigación contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General de Tabasco, es un caso que pondría en evidencia una descomposición institucional. El hecho de que el encargado de combatir el tráfico de drogas a pequeña escala esté ahora tras las rejas, acusado de ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos, pone en tela de juicio toda la estructura de seguridad local a cargo de Omar García Harfuch.

Aunque el fiscal Óscar Tonatihu Vázquez Landeros se apresuró a emitir un comunicado aclarando que el detenido no era su asesor ni mantenía una relación directa de ese tipo, el deslinde resulta poco creíble. En una estructura tan vertical como la de una fiscalía, la comunicación con un jefe antidrogas implica un contacto y una supervisión casi permanente. Además, los reportes señalan la cercanía de Luis Daniel N. con Horacio Estrada Soto, director de la Policía de Investigación, lo que ahonda la percepción de una red de complicidades o, en el mejor de los casos, de una negligencia en los filtros de control interno.

La detención fue iniciada por las autoridades de Quintana Roo. Que una instancia de otro estado sea la que arme la captura de un mando de Tabasco en sus propias instalaciones expone fallas en los mecanismos de depuración locales. Esta situación obliga a una limpieza inmediata y exhaustiva de la Fiscalía General de Tabasco. Si el jefe antidrogas estaba presuntamente involucrado en delitos graves, surge la pregunta sobre cuántos funcionarios y agentes más se encuentran en una situación similar.

Este caso debe verse bajo la óptica de la estrategia de seguridad nacional. Tanto Luis Daniel N. como el fiscal Óscar Tonatihu Vázquez Landeros son identificados con Omar García Harfuch. La nueva estrategia, basada en traer mandos de la Ciudad de México y otros estados bajo el supuesto de que su lejanía al contexto local evitaría compromisos con el crimen, parece estar fracasando. 

La realidad es que la escalada de violencia en varios municipios y los reportes de abusos cometidos por agentes judiciales y policiales contra ciudadanos, a quienes se ha intentado incriminar injustamente, demuestran que la importación de funcionarios no es garantía de integridad ni de efectividad.

La Secretaría de Seguridad, a cargo de Serafín Tadeo Lazcano, también gente de Harfuch, debe ser incluida en esta revisión de fondo. La captura de Luis Daniel N. confirma que la estrategia impulsada en la entidad requiere una depuración. No se puede combatir al crimen organizado con una estructura que alberga a funcionarios que transan con su encargo.

Batman debe analizar lo sucedido en Tabasco y poner orden, ya que su prestigio de funcionario profesional está ahora mismo en riesgo. Por lo pronto, su red de foráneos parece estar haciendo agua.

: La rúbrica

Ayer, Terrance Cole, director de la DEA, ha asegurado que las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya son solo el comienzo. La agencia estadounidense anticipa una ofensiva legal que involucra a más personajes. Esta postura señala que Washington está decidido a perseguir a funcionarios por sus presuntos vínculos con facciones como Los Chapitos. El conflicto escala ante la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum, que exige pruebas sólidas mientras la Fiscalía General de la República rechaza ejecutar las detenciones solicitadas para fines de extradición. Las palabras de Cole implican que la tolerancia hacia la narcopolítica ha terminado para la DEA, lo que derivará en mayores tensiones diplomáticas y una presión externa constante. Por cierto, la posibilidad de una operación militar estadounidense para llevar por la fuerza a Rocha Moya al país del norte sigue latente.